Julio Alejandro Ríos
GUADALAJARA, 20 de abril (Proceso Jalisco).- Inexpugnables, los albergues del estado de Jalisco encierran infinidad de historias en las que se entretejen las injusticias de las autoridades encargadas de atender a la niñez, las irregularidades de los voluntarios de esas instituciones y la falta de atención de las propias familias de los menores. En 2008, personal de la Procuraduría Social realizó una visita a esos inmuebles y elaboró un informe en el que revela cómo sobreviven cientos de esos olvidados de la sociedad. Es un catálogo del horror, dice el activista Julio César Aldana.
La precariedad en que viven los niños en los albergues de esta entidad y los maltratos que sufren en ellos cotidianamente no son exclusivos de la zona metropolitana. Informes internos de la Procuraduría Social de Jalisco demuestran que son varios los municipios en los cuales las instituciones de este tipo se conducen también de manera irregular.
El documento, fechado en julio de 2008, cuya copia obtuvo Proceso Jalisco, incluye expedientes y actas de por lo menos 15 casas hogar, en algunas de las cuales se detalla que los abusos contra los menores son físicos y sicológicos debido al abandono en el que se encuentran; en otros son las condiciones insalubres las que los merman, además del desaseo administrativo.
Hay casos en que se desconoce incluso el nombre de algunos niños, pues carecen de documentos tan básicos como un acta de nacimiento. Los más indefensos son los discapacitados, por la falta de atención especializada, o los que llevan internados más de una década y han sido relegados por el personal de los orfelinatos, pues los consideran una carga. Para ellos, la vida en esos centros es un infierno.
Es el caso de una menor cuyo nombre se desconoce y que, según el reporte, no puede caminar. Desde hace meses ella sobrevive arrastrándose en el interior del albergue Hogares Betania, A.C., ubicado en la carretera libre a Colima, 200 metros antes del crucero a Tapalpa, en el municipio de Amacueca.
En el reporte de la Procuraduría Social los voluntarios se refieren a ella de tres maneras diferentes, pues desconocen su nombre real; tampoco se consigna en el documento la fecha en que ingresó a ese lugar.
Cuando se redactó el informe, en julio de 2008, ella tenía 12 años, según comenta el personal del albergue, y presentaba retraso mental. Su expediente consta de sólo cuatro hojas escritas a mano con datos vagos sobre su supuesta fecha de ingreso y tres recetas médicas con un nombre diferente cada una, pues se desconoce cómo se llama, ya que no se cuenta con su acta de nacimiento.
Además, la niña carece de atención médica y sicológica por falta de personal especializado. Tampoco se le ha dado seguimiento jurídico a su caso, asienta el documento.
En el albergue de Amacueca, que lleva 13 años funcionando, hay diferentes irregularidades. Durante una inspección del personal de la Procuraduría Social no se observó ningún oficio de esa asociación civil, tampoco el escrito que avalara su registro ante el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) o ante el gobierno estatal.
“Las condiciones de salubridad y mantenimiento del inmueble y mobiliario son precarias, sucias. El comedor y cocina sí están limpios, pero los baños dejan mucho que desear. La atención sicológica a los niños no es constante, sin que se cuente (sic) con valoraciones de ellos en esta área”, indica el acta 418/2008, incluida entre los documentos obtenidos por este semanario.
El consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Julio César Aldana Maciel, señala a Proceso Jalisco que en muchas ocasiones las irregularidades se dan por falta de capacitación del personal o por escasez de recursos.
“Yo creo que hay varios niveles de maltrato, pero el principal es la falta de conciencia (de los voluntarios). No hay preparación, aunque haya buena fe. Eso termina por dañar a los niños. Además, muchos lugares basan su funcionamiento en mecanismos que conllevan maltrato.
“(Practican) métodos despersonalizantes, como exigir que todos los menores lleven el mismo uniforme, que coman en los mismos platos, incluso se les asigna un número. Son métodos casi militarizados”, señala Aldana, quien además es director de Ombudsman, una asociación civil que, entre otras actividades, realiza diagnósticos para determinar la situación cuantitativa y cualitativa de la niñez vulnerada.
En algunos casos los maltratos son sistemáticos. En los documentos obtenidos por el reportero se menciona que en la Casa de Niños Corazón del Ángel, de Zapotlán el Grande, administrado por religiosas franciscanas, se golpea a los niños.
Para la administradora del lugar, Claudia Alejandra Gudiño Cárdenas, “estas faltas son producto de la pérdida de control de las religiosas y toman cartas en el asunto (sic)”, señala el acta 270/2008 de la visitaduría de la Procuraduría Social jalisciense.
De este albergue, ubicado en la calle Gómez Farías 230, colonia Solidaridad, el informe enumera las anomalías contenidas en los expedientes de los niños. Por ejemplo, el de dos hermanitas, una de las cuales tiene su acta de nacimiento y cartilla, mientras que la otra carece de papeles. Ambas “viven ahí porque el hermano (mayor) amenaza con dañarlas, ya que es drogadicto”, señala el acta. En situación similar de encuentra la mayoría de los 29 menores que ahí se albergan, según los documentos.
Estadística preocupante
Julio César Aldana Maciel considera que Jalisco es el estado con más niños en casas hogar a lo largo de la República: 6 mil 698, lo que representa 23% del total nacional.
Sin embargo, en esos inmuebles no hay ni siquiera registros completos de sus inquilinos (Proceso Jalisco 280). Y, de acuerdo con Aldana, cada día hay más infantes desprotegidos en esos lugares debido a que las autoridades no se preocupan por definir la situación legal.
“Es un desaseo. A los niños los dejan ahí sufrir durante años o lustros. Las autoridades no dan celeridad y los diputados de la Comisión de Asistencia Social ni se enteran. No existe un censo único de niños albergados, no existe expediente exacto de cada uno de ellos. No se sabe quién es quién ni cuántos son. Se habla de 6 mil, pero no hay cantidad documentada”, comenta.
Según el Padrón de organismos asistenciales privados del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), sólo hay 75 organismos registrados, pero activistas como los de Ombudsman, A.C., sostienen que existen más, sólo que no están regularizados. La agrupación que dirige Aldana Maciel calcula que podrían llegar a 140, entre registrados y no registrados.
Pero aun cuando están incluidos en el padrón del IJAS, en los documentos de uso interno de la Procuraduría Social obtenidos por el reportero se menciona que varias instituciones de asistencia a la niñez no cumplen con los requisitos de ley.
En la ya mencionada Casa de Niños Corazón de Ángel, de Zapotlán El Grande, los reportes indican que sus voluntarios no han recibido cursos de capacitación, tampoco tienen licencia municipal ni cuentan con el aviso de funcionamiento otorgado por Regulación Sanitaria ni con permiso de Protección Civil.
En situación similar operan el Hogar del Niño Desprotegido San Isidro, en Autlán de Navarro; el ya citado Hogares Betania, A.C., en Amacueca; Ministerios de Amor, de Guadalajara; la Fundación Santa María del Tepeyac, en Zapopan. Ninguno de estos hospicios tenía licencia del municipio ni permiso de Protección Civil para operar, explica el personal de la Procuraduría Social en su informe de 2008.
Además, en sus reportes la dependencia indica que 80% de los expedientes de los niños están incompletos. El espacio reservado para el rubro “situación legal” por lo general está en blanco.
Esta situación refleja la inestabilidad de la población infantil. Algunos sólo llegan a dormir, otros simplemente ya no regresan. En los documentos analizados se habla de 20 fugas de niños durante los dos meses previos a la revisión de los albergues.
En la casa hogar Máximo Cornejo Quiroz, A.C., ubicada en el kilómetro 9 de la Carretera a Tepic, en la colonia Guadalupe Victoria, en Puerto Vallarta, los reportes aluden al desaseo administrativo. Una chica de 24 años con discapacidad intelectual no acude a escuela especial ni recibe atención especializada. Hasta el 13 de junio de 2008 seguía compartiendo espacio con niños más pequeños.
En el mismo inmueble hay una niña con un nombre en el acta de nacimiento, pero el personal la identifica con otro; y uno más, remitido por el Ministerio Público estatal, aparece como de sexo femenino en el documento de la Procuraduría de Justicia, en el que se ordena enviarlo a un orfanato. En 2008 la institución tenía siete años funcionando de manera irregular.
“A pesar que el Código Civil del Estado obliga que Jalisco busque hasta ocho instancias, tanto en el lado materno como paterno, antes de optar por mandarlos a un albergue, y que esa búsqueda se agote exhaustivamente, las autoridades no lo están haciendo”, argumenta Aldana Maciel.
Y expone: “El Ministerio Público manda a los niños a los albergues, a veces sin analizar si el lugar es idóneo. Se supone que estos lugares son sólo de paso… Lo malo es que los niños se convierten en carpetas que nunca se abren; quedan atrancados junto a los asuntos legales. La misma lentitud en la impartición de la justicia los afecta. Todo esto va contra lo que estipula la Convención de los Derechos del Niño”.
En el Hogar del Niño Desprotegido San Isidro, de Autlán, se han registrado varias fugas de niños y otras anomalías, según el informe de la visita que realizó personal de la Procuraduría Social en 2008.
“De la entrevista a los niños del albergue se desprende que ha habido agresiones sexuales por parte de un internado (se omite el nombre). Las encargadas tienen conocimiento de eso y dicen que enviaron oficios a José Luis Alejandro Ayala, funcionario del Consejo Estatal de Familia, para que dicho niño sea removido del albergue a una institución especializada en virtud de su conducta violenta y agresiva”, señala el acta 375/2008.
En el albergue Ministerios de Amor, en la colonia Residencial Victoria, de Guadalajara, se encontró a un niño al que se le diagnosticó el síndrome de Guillet de la Tourette. “Presenta dificultades de comportamiento a causa de esa enfermedad. Sin embargo, no se le ha dado seguimiento profesional adecuado (a ese caso)”, indica uno de los documentos obtenidos por el reportero.
Negligencia criminal
Consultados sobre la situación que priva en los orfelinatos, algunos legisladores comentan que es imposible determinar si las autoridades atienden las peticiones de los informes.
“Conociendo a la gente que trabaja en esas dependencias, podemos asegurar que son ignorados; la gran mayoría quedan encarpetados. Además, las revisiones de la Procuraduría Social a los albergues no se realizan con la frecuencia debida –la obligación por ley es de dos veces al año– porque no les alcanza el personal”, comenta a este reportero un integrante de la Comisión de Asistencia Social que pide omitir su nombre.
Si bien algunos de los informes obtenidos datan de 2008, reflejan que independientemente de que se hayan solventado las observaciones, durante algunos años trabajaron sin tener toda la documentación o con este tipo de anomalías.
Julio César Aldana Maciel coincide. Dice que leer los informes de la Procuraduría Social, así sean de 2008, es como entrar a un catálogo de historias que erizan la piel: niños abandonados por la madre con la promesa de volver por ellos, otros abusados sexualmente por su padre o hermanos drogadictos o alcohólicos; golpizas inmisericordes, encierros de varios días en su cuarto, castigos inhumanos y torturas en sus antiguos hogares…
“Algunos niños duran a veces 10 años o más en esos albergues. El estado no está garantizando que lleguen a una familia (en adopción). Además de la falta de preparación del personal que trabaja en esos lugares, también es grave la falta de recursos económicos y humanos.
“El 80% de estos albergues no trabajan con recursos suficientes. Se recomienda que haya 12 niños por cada educador, pero en algunos hay sólo un educador por 40 o 50 niños”, asegura Aldana.
Reportaje publicado en la edición 284 de Proceso, suplemento Jalisco, actualmente en circulación.
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