Romana, denunció y la despidieron

MARCELA TURATI

OMETEPEC, Gro.- Quien viera hoy a Romana Josefa Mateos Laguna –menudita, tímida, de hablar quedo– no pensaría que es una ingeniera que se propuso probar la corrupción que prevalece en el programa Piso Firme en Guerrero, y para ello viajó a pie a 14 comunidades de La Costa, midió cada uno de los pisos construidos en mil 687 casas, escuchó quejas, tomó fotografías y levantó actas de los ilícitos.

Su esfuerzo resultó contraproducente: en vez de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la considerara una empleada ejemplar por enterar de las irregularidades al subsecretario Luis Mejía, la ingeniera perdió su trabajo como residente (supervisora de obras) y ahora tiene miedo de que alguien atente contra su vida.

Su desventura comenzó cuando le asignaron supervisar el tramo final del encementado de las viviendas en el municipio de Igualapa y encontró que la empresa María del Carmen Atrixco Reynoso, ganadora de la licitación, había hecho pisos que incumplían con la calidad especificada y que los residentes anteriores no los habían impugnado.

La ingeniera se negó a firmar la obra como terminada, lo que implicaba que la Secretaría no le transfiriera el último pago hasta que subsanara las irregularidades. La empresa le ofreció 450 mil pesos por su firma, ella los rechazó.

El delegado de la Sedesol en Guerrero, Luz Antonio González Justo, el subdelegado Filiberto Gutiérrez Mayo y el excoordinador Víctor Manuel Mendoza, en lugar de apoyarla, la presionaron para que firmara la obra como concluida. Tampoco aceptó y decidió revisar piso por piso, aunque en eso se le fueron sus únicos ahorros: 16 mil pesos.

“En la delegación nos decían que firmáramos todo y no hiciéramos problema, que no nos metiéramos con Piso Firme. Pero yo no iba a dejar a un lado mi honorabilidad y todo mi prestigio; tenía que estar segura de lo que iba a firmar, porque mi trabajo era revisar si se cumplía con la promesa de mejorar la calidad de vida de la gente”, explica a Proceso.

Lo que la ingeniera Romana encontró en su odisea es patético, considerando que se trata de los recursos públicos destinados al programa más importante del gobierno de Felipe Calderón para los más pobres y que Guerrero es el estado con los municipios más marginados del país.

Las fotografías que tomó muestran jacales con boquetes a medio piso y casas donde el cemento no se completó, tiene grietas, está a punto de desmoronarse o quedó granulado. El colmo son las viviendas que aún tienen suelo de tierra porque el cemento se puso en el chiquero, para el disfrute de los cerdos, o los pisos construidos donde ni siquiera había casas o en cocheras para autos.

Esas mismas fotos las mostró el 14 de mayo en las oficinas centrales de la Sedesol al subsecretario Luis Mejía. También le llevó los expedientes que muestran los faltantes de cemento por vivienda. Ella contó 5 mil metros cuadrados menos.

“El subsecretario decía ‘no se vale, es indignante, es una burla’. Se veía muy sorprendido”, recuerda sobre su encuentro con Mejía, el subsecretario michoacano que ejerce las obras de la Sedesol, un panista de antaño que fue amigo íntimo del padre del presidente y lo sigue siendo de la familia Calderón Hinojosa.

A la reunión con el subsecretario acudió otro residente, del que Romana se reservó su nombre, quien denunció que la empresa SYSCO, del arquitecto Juan Manuel Tinoco, había quedado en el lugar 12 del concurso de la licitación, pero el delegado la hizo ganadora de las obras en Marquelia y Juchitán. Este trabajador agregó que tanto el delegado como el subdelegado José Cruz Rétiz pedían a los empresarios dinero “para el partido”, y eso molestó mucho al subsecretario.

Mejía “me pareció una persona honesta, platicamos en confianza, nos identificamos porque somos de la misma profesión. Me dijo que me sintiera protegida, que iba a tomar acciones para corregir el problema, que no iba a perder mi trabajo”, relata.

Tras la denuncia, una legión de abogados, ingenieros y técnicos enviados desde México –acompañados por Romana– revisó las obras de los municipios de Igualapa, Juchitán y Marquelia, entre el 18 y el 26 de mayo, y encontró que las empresas ejecutoras habían cobrado a Sedesol 15 mil metros cuadrados de cemento más de los que habían echado y que 40% de los pisos tenían algún defecto de grosor, acabados, medidas o colocación.

Cuando la misión abandonó Guerrero, el delegado notificó a Romana que acababa de perder su empleo, como consta en el oficio 1320100/215, y finiquitó el total de la obra a la empresa defraudadora, dando sus pisos como terminados.

La ingeniera contestó el oficio con las siguientes palabras: “Con todo respeto, creo que no he fallado; al contrario, creo que me han fallado a mí, ya que en ningún momento he recibido apoyo económico ni moral (viáticos o gastos) de parte de ustedes, y para colmo en el presente año el sueldo se nos redujo de 12 mil a 8 mil pesos mensuales, y aun así seguí haciéndome cargo de los dos municipios. Doy por hecho que realicé una labor casi titánica y con tanta lealtad a la institución”.

Un mes después, el jefe de Microrregiones y coordinador nacional de Piso Firme, Germán Palafox, envió una carta al delegado en la que señalaba que la ingeniera “demostró una conducta profesional y honesta al no aceptar firmar dichas estimaciones, por lo que le solicito tenga a bien prorrogarle el contrato, además de cumplimentar públicamente su labor y actitud para que sirva de ejemplo de trabajo y compromiso institucional que quisiéramos tener para todo nuestro personal”.
Sin embargo, desde hace dos meses ella no recibe salario de la Sedesol; se mantiene con su sueldo de maestra en el Instituto Tecnológico de Ometepec. Tampoco ha dejado de cumplir su trabajo: se ha dedicado a visitar 144 escuelas con el fin de calcular cuánto costaría llevarles agua, baños y drenaje para cumplir la promesa del presidente de habilitarlas para cuando la influenza rebrote.

No se arrepiente de lo que hizo porque cumplió con la invitación del presidente Calderón a denunciar la corrupción, pero tiene miedo:
“No sé cómo vaya a actuar esa gente… en Guerrero pasan tantas cosas. No sé, he llegado a pensar que me pueden hacer daño por decir lo que dije y que quieran callarme para siempre.”

Este texto se publicó en el número 1714 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado domingo 6 de septiembre."