MÉXICO, DF, 26 de febrero (apro).- Recientemente nos enteramos que la crisis económica en México “ya pasó”. Por lo menos así lo afirmaron las autoridades hacendarias en Estados Unidos en enero pasado.
Este mismo viernes, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dionisio Pérez Jácome, comentó que “afortunadamente la situación se ha revertido y hay indicadores alentadores en los últimos meses”.
Sin embargo, para el ciudadano común y corriente esto no es así, y si no, que se lo pregunten a los 503 mil mexicanos que en enero, según el INEGI, perdieron su empleo.
O qué se lo pregunten a un trabajador de salario mínimo general que al mes gana mil 750 pesos y que ahora tiene que pagar más impuestos, como por ejemplo 16% de IVA, contra 15% que pagaba hasta fines de 2009.
La crisis económica del año pasado fue tan mala, que el gobierno federal aseguró que habría un “boquete”, es decir, un faltante de 480 mil millones de pesos en las finanzas públicas, y por tanto tenían que subir los impuestos.
Recientemente, los diputados del PRI, que sin su voto no se habría consumado el incremento a los impuestos, dijeron que avalaron los aumentos porque el gobierno les habló de tal boquete y les presentó un escenario catastrófico para los mexicanos este 2010. ¡Más catastrófico que la pérdida de 503 mil empleos en un mes!, se pregunta uno.
Esa fue la razón por la que avalaron los aumentos, nunca por el tan sonado trueque de las no alianzas del PAN --aunque con el paso de los días tuvieron que aceptar que sí hubo tal acuerdo sobre las coaliciones y que, al final, el gobierno no les cumplió.
Los priistas pretendieron curarse en salud diciendo que habían aprobado los impuestos porque el país se iría a la quiebra; y a tal grado fue su reclamo, que acusaron luego al gobierno federal de haberles mentido, pues el boquete de 480 mil millones de pesos resultó ser de 300 mil millones.
Ciertos o no los argumentos de los diputados que avalaron los nuevos impuestos, la verdad es que a ellos parecen no afectarle mucho los incrementos y la pérdida de empleos, pues mientras en enero 503 mil mexicanos cayeron en la desocupación, los 500 legisladores tienen empleo seguro hasta el 2012 y con sólo ocho días de trabajo “intenso”, que es el número de sesiones que realizan cada mes.
Otro de los motivos por los cuales los legisladores aprobaron los nuevos impuestos pudiera estar en su cheque, en su jugoso salario.
Y para muestra uno de sus cheques mensuales.
Cada diputado percibe un salario bruto de 151 mil 164 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: 105 mil 378 pesos por concepto de “dieta” y 45 mil 766 como pago a su “asistencia legislativa”.
Es cierto que de los 151 mil 164 pesos que gana cada uno de los 500 diputados federales, se le restan entre impuestos, cuotas y fondo de ahorro, la cantidad de 60 mil 93 pesos.
A pesar de ello, el dinero libre que recibe cada diputado es de 91 mil 70 pesos, nada despreciable frente a los mil 750 pesos que obtiene un trabajador de salario mínimo general; sin embargo, a la cantidad mencionada todavía hay que sumarle 28 mil pesos más, en lo que se conoce como “gastos de gestión legislativa”. Y a esta cifra no se le aplica descuento.
En total, cada mes, un diputado recibe 119 mil pesos, quizá por esto cada vez que aprueban impuestos no se sienten afectados, y lo hacen con un cinismo que para el resto de los mexicanos nos resulta insultante, por decir lo menos.
Pero si un ciudadano común y corriente tiene que pagar de sus mil 750 pesos mensuales lo que invierte en transporte y alimentación, con los diputados no sucede lo mismo, pues además de su jugoso salario reciben algunas prebendas, como por ejemplo vales de comida por 2 mil 700 pesos, 12 mil pesos en vales para gasolina (3 mil 500 si vive en el Distrito Federal) y, por supuesto, una tarjeta IAVE para no pagar ni una sola de las casetas que utilizan cada vez que viajan por carretera, eso sin contar el seguro de gastos médicos mayores.
Si vemos estas cifras y conceptos por los cuales un legislador recibe dinero, cómo podría uno imaginarse que a los diputados les dé resquemor el aprobar aumentos en los impuestos.
Un trabajador asalariado debe estar laborando cuando menos ocho horas diarias para lograr los mil 750 pesos al mes, mientras que un diputado, con que asista sólo ocho veces al pleno de la Cámara de Diputados (que es el número de sesiones por mes), se lleva los más de cien mil pesos a la bolsa.
Y ni qué decir de los funcionarios del gobierno federal que ganan por lo menos 150 mil pesos libres, más prebendas similares a las de los legisladores.
Por eso no es de extrañar que las autoridades digan con tanta liviandad que la “crisis ya pasó”; lo cierto es que, para ellos, nunca llegó.
Funcionarios y legisladores nunca atienden los reclamos de la ciudadanía, no así cuando de grandes empresarios se trata; quizá ahora que la iniciativa privada presente su declaración de impuestos respecto a 2009, --entre marzo y abril--, y que vean que sí tuvieron grandes pérdidas, al grado que decidan no pagar impuestos este año, es que el gobierno se detenga a pensar si el camino que está tomando en materia económica es el correcto.
Porque al tener pérdidas las grandes empresas resultará obvio que harán todo lo posible por pagar menos o, incluso, no pagar impuestos, y esto repercutirá definitivamente en las finanzas federales, pues la recaudación será menor.
Entonces, para septiembre próximo, cuando el Ejecutivo federal vuelva a presentar su paquete económico para el 2011, volverá a decir que tiene otro “boquete” y quizá pretenda recetarnos nuevos incrementos de impuestos.
Habrá que esperar los reportes fiscales de las empresas, sobre todo ahora que se nieguen a pagar 25% del total de impuestos que vienen adeudando al fisco desde 2004; sólo a partir de ahí podríamos ver cuál será la pretensión del gobierno federal para el año que viene, y cómo empezará a trabajar con los diputados, qué argumento presentará ahora para convencerlos de la necesidad de buscar nuevas vías de ingresos.
Como para entonces las elecciones en los diversos estados ya habrán concluido, el pleito entre PRI y PAN ya no será tal, y de nuevo volverán a trabajar juntos; unos para tratar de salvar al gobierno y otros para intentar recuperarlo.
Los priistas dirán entonces que piensan en la ciudadanía y en su economía, y que no están de acuerdo con nuevos impuestos, pero seguramente los avalarán, como lo hacen año con año. Y qué importa que esto suceda, si ellos seguirán llevándose a sus bolsas la nada despreciable cantidad de 119 mil pesos libres de polvo y paja cada mes… ¿jodidos?
Jodidos los demás, los ciudadanos que no son diputados, senadores, funcionarios, presidentes municipales o el titular del Ejecutivo federal y a quienes por cierto este año les irán a pedir su voto en 15 estados de la República con el argumentos de que ellos “sí mejorarán su economía”.
Proceso.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
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