México, D.F., 19 de abril (apro).- En Quintana Roo, 16 menores de edad serán obligadas a dar a luz a pesar de haber sido violadas por familiares o maestros.
La periodista Lydia Cacho revela que el año pasado sólo en esa entidad se registraron 881 casos de menores de edad violadas y embarazadas.
Las víctimas no reciben una oportuna atención psicológica ni asesoría legal por parte del estado; al contrario, son obligadas a convertirse en madres prematuras, critica la periodista en su columna “Plan B”, publicada por el diario El Universal:
“En un escenario ideal el Ministerio Público explicaría que la ley le permite tomar de inmediato un tratamiento para prevenir un embarazo potencialmente peligroso, pero no lo hace. El DIF debería dar terapia a la familia, no lo hace. No debe separar a las menores de su madre (a menos que sea cómplice) y siempre lo hace.
“La ley dice que si una niña queda embarazada por violación solamente la madre, padre o tutor puede decidir si el embarazo se procura o se interrumpe. Lo cierto es que a las niñas no se les explica lo que significará ser madre, ni que en caso de tener al producto pueden darlo en adopción legal, o que podrá conservarlo siempre y cuando haya adultos capaces de cubrir sus necesidades mínimas”.
Fuente: Revista Proceso
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